sábado, 31 de octubre de 2009

La incidencia de incidir


Varios han sido los intentos para regular la publicidad gubernamental; sin embargo, estas propuestas ni siquiera han visto la luz. Y es que desde 2001 se han emitido acuerdos en los que ha intervenido la Secretaría de Gobernación (Segob) para establecer un marco normativo que permita la leal competencia entre partidos políticos, la designación idónea de recursos públicos, así como las sanciones a las que se verán involucrados los actores políticos si se rompen dichas reglas, esto entre otras medidas.

De lo anterior se puede deducir que la regulación de la propaganda gubernamental, no es prioridad para ninguna instancia del Estado, pues ha pesar de que, como se mencionó anteriormente, se han propuesto iniciativas respecto al tema, éstas simplemente son letra muerta.

Es lamentable saber que a pesar de qué los servidores públicos saben y conocen lo concerniente a estas normas, aunque jamás hayan sido aprobadas, sigan violando y con ello incidiendo en promover su imagen o al partido que representan tanto fuera como dentro de los tiempos oficiales. Penoso es saber que, a pesar de ello, las sanciones son únicamente de carácter administrativo y no penal. Eso da pie para infringir, aún más, la Constitución.

El incremento de gastos perennes a la propaganda de comunicación social es otro rubro que, dentro de las propuestas que se han presentado, se ha salido de toda índole que tenga que ver con la austeridad planteada por la Ley de Egresos. Las cifras son escalofriantes, sobretodo en el sexenio de los “changarros” (foxista), pues pareciera que la austeridad más bien tiene que ver con el despilfarro en vez del ahorro.

La rendición de cuentas en los distintos órganos de gobierno, la transparencia en cuanto al uso de recursos públicos; así como la regulación de la publicidad gubernamental, no son primicias anunciantes. Considero que una de las medidas para regular la comunicación social es, tener pero sobretodo, aplicar castigos penales a quienes infrinjan un marco legal que contenga las propuestas idóneas.